Aquí os presenta un análisis de la actual Ley 20/2022 de Memoria Democráticas. Os comparto un estudio de cada uno de los supuestos incluidos en ella, lugar de presentación de las solicitudes, documentación a presentar, Anexos que deben acompañar cada una de las presentaciones, etc.
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En este post os voy a explicar las 4 opciones para que el cónyuge, pareja de hecho o pareja de un ciudadano español o comunitario, pueda tramitar su residencia en España.
Cuidado! Este post solo aplica a los familiares de español o comunitario, en caso contrario hay que cumplir los requisitos de reagrupación familiar del régimen general.
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En este post no voy a hablar de los extranjeros que se encuentran de forma legal en España que pueden ser contratados en las mismas condiciones que los españoles, ni tampoco de los que tienen un pasaporte comunitario o sus familiares, sino de aquellos extranjeros que residen fuera de España, que no tienen un pasaporte europeo y que quieren trabajar en España.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este trámite debe ser realizado ENTERAMENTE por el empleador y que el extranjero debe permanecer en su país de origen (o en el país en el que tenga residencia), hasta su finalización.
Y lo segundo que debéis es saber es que, salvo circunstancias muy excepcionales (ser hijo o nieto de español de origen, o ser Profesional Altamente Cualificado, o encajar en alguna residencia de la Ley de emprendedores), los extranjeros que quieren vivir en España tienen que cumplir DOS requisitos muy importantes.
El primero de ellos: Encontrar un empleador en España que quiera contratarles.
El trámite solo puede ser iniciado una vez que el trabajador extranjero encuentra en España un empleador que quiera contratar sus servicios (por regla general, la búsqueda se realiza estando el ciudadano extranjero en su país de origen o en su país de residencia legal), de forma que si el ciudadano extranjero NO cuenta con un empleador NO puede realizarse el trámite (es decir, no existe la posibilidad de tramitar una autorización de residencia que te permita entrar en España y buscar empleo, sin más).
Además, no basta que un conocido, un amigo o un familiar que resida legalmente en España les ofrezca un contrato de trabajo, sino que el empleador deberá acreditar que cumple los requisitos necesarios para poder contratar al extranjero.
El requisito mas importante que debe acreditar el empleador es el de los medios económicos, es decir, el empleador deberá acreditar que tiene medios económicos suficientes para poder hacer frente a las obligaciones del contrato (pago de salario y costas sociales) y, además, los necesarios para proveer sus propias necesidades y las de su familia.
Desde el punto de vista del empleador, este es el motivo de mayor denegación en este tipo de residencia debiendo acreditar el empleador sus ingresos con la presentación de documentos relativos a su actividad económica (declaración de la renta -si es persona física- o últimas declaraciones de impuestos, si es una persona jurídica).
Y el segundo requisito: Acreditar la situación de empleo.
La situación nacional de empleo implica que cuando un empleador en España quiere contratar a un ciudadano extranjero tiene que acreditar ante la oficina de extranjería que en España no existe ninguna persona anotada en el paro que pueda realizar la actividad para la cual se quiere contratar al extranjero.
Esto es bastante lógico, pues si en España existe una sola persona anotada en el paro que puede realizar esa actividad, lo normal es que se contrate antes a quien se encuentra en España que al que se encuentra fuera.
Este requisito es exigido por la gran mayoría de países europeos.
Realmente es esta SITUACIÓN NACIONAL DE EMPLEO el mayor obstáculo para la contratación de un ciudadano extranjero y acreditar este requisito es toda una proeza.
En primer lugar, el empleador debe publicar la oferta de empleo en los Servicios Públicos de empleo con todas sus características.
Una vez publicada la oferta tendrá que entrevistar a todas las personas que se anoten a la misma, una a una, e ir rechazando a todas ellas (el empleador no puede rechazar arbitrariamente a los candidatos, pues cuando finalicen las entrevistas, el SEPE analizará los requisitos de la oferta con los candidatos para acreditar que, efectivamente, el puesto de trabajo ofertado por la empresa -o empleador- no ha podido cubrirse con las personas candidatas).
Cuando el SEPE compruebe que ninguna persona es apta para dicho trabajo emitirá un certificado de INSUFICIENCIA DE DEMANDANTES y este paso, habrá finalizado.
Es importante tener en cuenta que el trabajador extranjero debe cumplir con todas las exigencias de la oferta laboral y deberá justificar que es apto para dicho puesto.
También es importante saber que, en determinadas situaciones, NO será necesario acreditar la Situación Nacional de Empleo y, por tanto, el trabajador podrá ser contratado con cualquier tipo de contrato sin necesidad de realizar este paso (pero el requisito de contar con un empleador sigue siendo obligatorio).
Además, para facilitar este paso, las diferentes provincias publican cada 3 meses una lista de profesiones de difícil cobertura, es decir, aquellas profesiones que en su provincia no logran cubrirse con las personas que se encuentran anotadas como demandantes de empleo, por tanto, si el empleador quiere contratar a un extranjero para un puesto de trabajo de los recogidos en esta lista, no tendrá que publicar su oferta en el SEPE, sino que tendrá que acreditar que el extranjero al que quiere contratar sí tiene la capacitación suficiente para poder realizar dicha actividad.
Continuando con el trámite, y una vez el empleador obtiene el certificado de insuficiencia o acreditación de la capacitación para realizar una profesión recogida como de difícil cobertura, ya podrá presentar el trámite ante la oficina de extranjería correspondiente y esperar a que el trámite se resuelva.
(Si quieres saber TODOS los documentos necesarios para la solicitud de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, puedes encontrarlo en la propia web del Ministerio en este link
Una vez la Oficina de extranjería autorice al empleador para contratar al trabajador extranjero, y siempre tras comprobar el cumplimiento de todos los requisitos), el trabajador tendrá que tramitar el visado en el consulado español que le corresponda para que, una vez obtenga el visado, entre en España durante su vigencia.
Desde la entrada del trabajador en España el empleador tiene el plazo de TRES MESES para darle de alta en Seguridad Social (momento en el que se “activa” la residencia del trabajador) y, una vez de alta en Seguridad Social, el trabajador tendrá que tomar huellas en la Policía para que le emitan su tarjeta de residencia por un año de vigencia.
Esta residencia inicial será por un año que son prorrogables por otros 4 años mas siempre que cumpla los requisitos para su renovación.
Este tipo de autorización permitirá al extranjero residir y trabajar en España. No obstante, este tipo de residencia, como cualquier otra, tiene sus pros y sus contras, pero eso te lo cuento en otro post que puedes leer aquí!
Espero que este post os haya ayudado a entender un poquito mas el proceso de contratación de un extranjero en España y, si necesitas más información sobre este o cualquier otro trámite de extranjería y nacionalidad española, siempre puedes visitarme en @sentirextranjero donde comparto un montón de información gratuita y suscribirte a mi newsletter donde os compartiré información súper actualizada!
Un abrazo.
Sai.
La mayoría de vosotros confundís ser español de origen con haber nacido en España y no tiene nada que ver!
Puedes haber nacido en España y no ser español de origen (el extranjero nacido en España de padres extranjeros que obtiene nacionalidad española al año de residencia) y, al contrario, puedes ser español de origen sin haber pisado jamás suelo español.
Muy atentos a este post porque os lo cuento TODO!
La nacionalidad española de origen se encuentra regulada en el art. 17 del CC que de una forma muy clara viene a establecer los 4 supuestos de nacionalidad de origen:
Se trata del supuesto más común: si al momento de nacer una persona su padre o madre es español (independientemente de la forma en la que hubiera obtenido su nacionalidad), el nacido será español de origen.
Sin embargo, es necesario realizar una serie de precisiones:
– Hasta la Constitución española de 1978 las mujeres no transmitía nacionalidad española. Por tanto, si tu nacimiento se produjo antes de dicha fecha y solo tu madre era española, no podrás obtener nacionalidad española de origen. Sin embargo, si en el mismo supuesto el español era tu padre, serás considerado español de origen.
– Es imprescindible que tu padre o madre fuera español al momento de tu nacimiento, de forma que si perdieron o renunciaron a la nacionalidad española antes de tu nacimiento, nos se cumplirá el requisito de nacer de padre o madre español. Y por ello tampoco obtendrás nacionalidad española de origen.
No obstante, si tu padre o madre no son españoles al momento de tu nacimiento y obtienen o recuperan su nacionalidad española después de tu nacimiento y siempre que tú sigas siendo menor de 18 años, podrás optar a la nacionalidad española en virtud del art. 20.1 b), pero no se te considerará español de origen.
En el caso de que tu padre/madre español recupere u obtenga la nacionalidad española y además hubiera nacido en España, podrás solicitar nacionalidad española por opción sin límite de edad.
Este supuesto no es muy común pero se da!
Lo explico con un ejemplo práctico (y con nombres muy españoles): Paco nace en España de padres extranjeros, ni sus padres ni él tramitaron nunca su nacionalidad española.
30 años después, Paco se casa con Mercedes (nacida en Colombia) y tienen a su hijo Manuel, que nace en España, como su padre.
Pues bien, Manuel será considerado español de origen, pues ambos padres (Paco y Mercedes) son extranjeros y su padre (Paco) nació en España.
Pero no solo eso, sino que Manuel será considerado español de origen desde su nacimiento aunque sus padres nunca hubieran obtenido una autorización de residencia en España.
Hay muchos países que no reconoce su ciudadanía a los nacidos en determinadas comunidades, por regla general por su raza, religión o género.
Esto ocurre en países como: República Dominicana (haitianos); Costa de Marfil, Birmania, entre otros.
Así, estos ciudadanos que no tienen lazos con ningún estado, si nacen en territorio español, España les dará su propia nacionalidad, siendo considerados españoles de origen.
Esta es la llamada nacionalidad española con valor de simple presunción.
Como ya he explicado muchas veces, el hecho de nacer en España no otorga nacionalidad española al nacido, pues estos adquirirán de forma automática la nacionalidad de sus progenitores.
Sin embargo, existen determinados Estados que no otorgan la nacionalidad propia a los nacidos de padres nacionales de dicho país cuando el nacimiento se produce fuera de dicho territorio.
Pues bien, en estos casos, y con el fin de no generar casos de apatridia, España le otorga su propia nacionalidad al nacido.
Además de estas 4 posibilidades establecidas en el art. 17 CC debemos añadir una más, la nacionalidad española obtenida por la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la Ley de Memoria Histórica (LMH).
Dicha Ley, en su Disposición Adicional 2ª establece que:
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.
Por tanto, aquellos que se nacionalizaron gracias a la DA 2ª de la Ley 52/2007 son considerados, a todos los efectos, españoles de origen.
¿Cuántas veces me habéis preguntado esto? MUCHAS.
Y la respuesta no es sencilla porque, como ya sabéis, existen dos regímenes diferentes: el régimen general y el régimen comunitario.
En el régimen general la legislación es muy concreta a la hora de establecer los medios económicos para cada situación de estancia o de residencia, pero en el régimen comunitario no hay un criterio generalizado.
En el régimen general podemos distinguir varias autorizaciones para las cuales se nos exige medios económicos y las paso a desarrollar a continuación:
Cuando nos movemos por el régimen comunitario todo cambia un poco, y a veces dudo de si para mejor o para peor.
La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece que “los Estados miembros no podrán establecer un importe fijo correspondiente a lo que consideran «recursos suficientes», sino que tendrán que tener en cuenta la situación personal del interesado”.
El Real Decreto 240/2007 establece, exactamente, lo mismo, “En lo que se refiere a medios económicos suficientes, no podrá establecerse un importe fijo, sino que habrá de tenerse en cuenta la situación personal de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo”
Como vemos, ni una el otro vienen a establecer de una forma clara los medios económicos requeridos, queriendo subsanarse este vacío con la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, que todavía no tengo claro si lo aclara o lo confunde mas.
Esta orden establece, “La valoración de la suficiencia de medios deberá efectuarse de manera individualizada, y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante.
Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado”.
Así, tendremos que acudir a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para determinar dicha cuantía, que en el año 2021 es de 5.488 euros anuales.
De esta forma, para que un ciudadano comunitario pueda tramitar su certificado de registro y siempre y cuando no disponga de un contrato de trabajo, deberá acreditar dicha cantidad como medios económicos suficientes.
Pero ¿Qué recursos debe acreditar para reagrupar a los familiares del ciudadano comunitario? La ley no hace referencia a este extremo.
Las oficinas de extranjería no se ponen de acuerdo. En algunos casos aplican el régimen general del 50% de la cuantía para cada familiar adicional, de forma que habría que adicionar 2.744€ por cada uno.
Otros entienden que, dado que la ORDEN se remite a los importes de la prestación no contributiva, habrá que seguir en ella para determinar la cuantía por cada familiar adicional, es decir, sumando el 70% mas por cada uno, ascendiendo a 3.841,6€ por cada uno.
Pero ¿Qué ocurre si aplicamos este segundo criterio?, pues que están exigiendo mas medios económicos en el régimen comunitario por cada familiar adicional (3.841,6€) que en el régimen general (3.389,4€), algo que carecería de todo sentido.
Otras Comunidades Autónomas aplican el criterio mas favorable de forma que haciendo una tabla de los importes en régimen general (y el 50% adicional por cada familiar) y en régimen comunitario (75% adicional), se aplicará el mas bajo de ambos.
Por último, debemos tener en cuenta lo que establecen los tribunales, que nada que ver con lo establecido por las Oficinas de Extranjería, pues vienen a establecer de una forma clara que no se puede condicionar la obtención de una autorización de residencia para los familiares de ciudadanos de la UE, a la acreditación de medios económicos.
(Sentencia No 189/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 2 de Santander, de fecha 20 de junio de 2017).
“Dicho esto, no se cuestiona que se trata de evitar que los solicitantes se conviertan en una carga para la asistencia social en España y, desde ese punto de partida, podría entenderse que a quién se exija, en un primer momento, la acreditación de la suficiencia económica, sea al “reagrupante”. Ahora bien, dicho precepto se refiere a las condiciones exigibles al ciudadano de la Unión y sus familiares que vengan a España pero no al español que ya vive en España ni a los familiares del español. Por ello, acreditado el vínculo matrimonial entre solicitante y un español la exigencia de requisitos económicos carece de cobertura jurídica válida porque supondría tanto como condicionar el devenir de la vida matrimonial en función de los recursos económicos de los que se disponga, lo que es, a todas luces, contrario al art 32 de la CE”
(STSJ de Sevilla de 11 de marzo de 2016).
“El Magistrado de la primera instancia razona que la pareja de hecho del recurrente, que es ciudadana española, no acredita ninguna actividad laboral ni medios propios de vida y que el recurrente no acredita la realización de la actividad en la que se dio de alta en el RETA ni la suficiencia de medios económicos que se deriven de esa actividad. Pero ese razonamiento es consecuencia del error en la aplicación del art. 7 del RD antes citado, de cuyo articulado el precepto aplicable es el art. 8, destinado a regular los requisitos para la “residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión”, que es el caso dado que el apelante es pareja de hecho de una ciudadana española, sin que de dicho precepto se deduzca en modo alguno que el solicitante de la tarjeta deba acreditar los recursos económicos a que antes aludimos”.
(STSJ de Castilla y León, Sede Burgos, de 18 de noviembre de 2016, Ro 166/2016).
“Siendo aplicable el art. 8 del citado RD 240/2007 al supuesto de autos, es decir a la solicitud formulada por D. Evelio, de nacionalidad cubana, se comprueba que en ningún momento es exigible al solicitante de dicha tarjeta que tenga que acreditar, como exige la sentencia apelada y las resoluciones administrativas impugnadas, que en este caso su padre, ciudadano de la Unión y más concretamente de nacionalidad española y con residencia en España, tenga que acreditar que dispone de recursos suficientes para que su hijo que pretende reunirse con él y acompañarle no constituya una carga para la asistencia social durante su residencia en España. (…) Es por lo que procede concluir que asiste al anterior el derecho a que le sea otorgada la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión solicitada”.
Es una autorización que pueden solicitar los ciudadanos extracomunitarios que permitirá residir en España durante un periodo de 12 meses inicial sin posibilidad de realizar actividad laboral.
Se trata de un permiso consular, de forma que solo puede tramitarse directamente ante el consulado español del país de origen del solicitante o en el consulado español que se encuentre en el país en el que tiene residencia legal.
El requisito esencial es acreditar medios económicos para residir en España sin trabajar.
También será necesario la ausencia de antecedentes penales en España y en el país de origen, así como en aquellos en los que el solicitante hubiera residido en los últimos cinco años previos a la entrada en territorio español.
Para poder solicitar este tipo de residencia será necesario acreditar el 400% del IPREM mensual.
El IPREM mensual en el año 2021 asciende a 564,90€, por lo tanto, para solicitar dicha autorización será necesario acreditar 2.259,6€ mensual, ascendiendo a 27.115,2€ en total.
Nuestra legislación establece que pueden acreditarse dichos medios económicos mediante cualquier medio válido en derecho: títulos de propiedad, certificados bancarios, últimos movimientos en cuenta, etc.
No obstante, la práctica nos demuestra que el medio mas efectivo para demostrar los medios son:
Sí, podrán acompañarte los hijos menores de 18 años o mayores de dicha edad siempre que sean discapacitados, así como tu cónyuge o pareja de hecho.
No obstante, en el caso de que vengas acompañado de algún familiar hará que acreditar el 100% del IPREM mensual adicional para cada uno de ellos.
Es decir, si para una sola persona (el titular), debemos acreditar 2.259,6€ mensuales o 27.115,2€ de forma anual, para cada familiar adicional habrá que acreditar, además, 564,90€ mensual o 6.778,8€ en cómputo anual.
La residencia no lucrativa inicial tiene una duración de un año, pudiendo renovarse con la acreditación de los mismos requisitos iniciales y siendo la duración de la renovación de dos años mas.
No, la residencia no lucrativa no permite realizar ninguna actividad lucrativa en España, no obstante, el titular y sus familiares podrán realizar actividades económicas en cualquier otro país.
Se trata de una autorización que habilita a permanecer en España por un período superior a noventa días para la realización de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa a tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios.
Hasta el año 2018 todas las estancias de estudio debían tramitarse ante el consulado español en el país de origen del solicitante, no obstante, desde el año 2018 puede tramitarse tanto en el propio consulado español o directamente desde España siempre que, en este último caso, se solicite dentro del plazo de 60 días naturales desde la entrada en España.
CUIDADO: se tendrá en cuenta el sello del pasaporte para computar dicho plazo, de forma que si en el vuelo a España se hizo escala en otro país europeo y el sello de entrada a España no consta, será necesario presentar el justificante del vuelo para acreditar el día concreto de entrada en territorio español.
Es importante que el seguro cumpla con 4 requisitos: SIN COPAGOS, SIN PERIODOS DE CARENCIA, CON INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y CON REPATRIACIÓN.
Habrá que distinguir si se solicita desde el consulado o desde territorio español, así:
1.º Se solicita el visado de estancia por estudios ante el consulado español en el país de origen presentando la documental arriba referida.
2.º Una vez concedida la autorización plasmarán, en el pasaporte del solicitante, su visado de estancia por estudios.
3.º El visado debe ser recogido, como máximo, en el plazo de 2 meses desde su notificación, debiendo entrar el solicitante en España antes de la expiración de la fecha que consta en el visado.
4.º Una vez el solicitante entra en España, deberá proceder a la toma de huellas en la Comisaría de Policía correspondiente para que le sea emitida la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), donde constará su Numero de Identificación de Extranjero (NIE).
1.º El solicitante entrará en España como turista, debiendo solicitar visado de turista si su país de origen así lo exige.
2.º Una vez en España presentará toda la documental arriba referida ante la Oficina de extranjería competente.
3.º Una vez reciba respuesta favorable (en la actualidad entre 6-7 meses), deberá acudir a la toma de huellas a la Comisaría de Policía correspondiente para que le sea emitida la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), donde constará su Numero de Identificación de Extranjero (NIE).
La autorización de estancia de estudios no permite trabajar, en un principio, ni al estudiante ni a sus acompañantes, sin embargo, el estudiante podrá solicitar una autorización de trabajo que le permitirá desarrollar actividad laboral a media jornada y siempre que acredite que no es incompatible con los estudios que realiza.
En todo caso, los familiares NO PODRÁN realizar ninguna actividad lucrativa.
La autorización de estancia por estudios tiene una duración de un año, pudiendo ser prorrogada por años sucesivos, sin limite de prórrogas.
Para la solicitud de prórroga únicamente habrá que acreditar el aprovechamiento de estudios del año anterior (que se concluyeron de forma favorable), que continuará estudiando, que sigue contando con medios económicos y que tiene contratado un seguro de enfermedad que el cubra durante todo el tiempo de la prórroga.
SÍ. Dentro del periodo de validez de su Tarjeta de Identidad de Extranjero podrán salir y entrar de España tantas veces como deseen, siempre que no permanezcan fuera de España mas de 180 días.
Una vez terminados los estudios, el estudiante podrá:
No obstante, si el estudiante no fuera a continuar con los estudios anteriores y fuera a realizar unos nuevos, deberá presentar dicha prórroga dentro del plazo de 60 días previos a su expiración.
Para la solicitud de prórroga únicamente habrá que acreditar el aprovechamiento de estudios del año anterior, que continuará estudiando, que sigue contando con medios económicos y que tiene contratado un seguro de enfermedad que el cubra durante todo el tiempo de la prórroga.
Son muchas las autorizaciones de residencia que te permitirán residir y trabajar en España, pudiendo optar a una u otra dependiendo de la situación personal de cada uno.
Es importante tener en cuenta que tanto si sois hijos como si sois nietos, podréis tramitar la nacionalidad española por residencia en el plazo de un año.
También podréis solicitar la nacionalidad española en el caso de que hayáis contraído matrimonio con un ciudadano español.
A pesar de no tener las mismas ventajas que en los casos anteriores, existen algunas vías a las que puedes acudir para trasladarte de forma legal a territorio español:
En todos estos casos, debéis saber que el plazo de residencia requerido para solicitar nacionalidad española por residencia dependerá de vuestra nacionalidad, siendo de dos años en caso de ser nacionales de un país latinoamericano.
Como seguro ya sabéis, la realización del examen CCSE y DELE, en el caso de que sea necesario, son requisitos indispensables para la solicitud de la nacionalidad española por residencia.
Tanto uno como otro depende del Instituto Cervantes y, por lo tanto, para inscribirse habrá que acceder a su página web a través del siguiente enlace: https://examenes.cervantes.es/
Una vez dentro de la página, pincharemos en “NUEVO USUARIO” que se encuentra en la franja gris, arriba a la derecha.
Introduciremos en la casilla nuestro correo electrónico.
Automáticamente nos llegará un correo electrónico del Instituto Cervantes indicándonos la forma de acceder, que será mediante el link proporcionado.
En la siguiente pantalla rellenaremos todos nuestros datos personales y, una vez todo, pulsaremos la pestaña “Mis inscripciones” situado en el lado izquierdo de la pantalla y, seguidamente, pulsaremos “Nueva Inscripción”.
A continuación, procederemos a la inscripción de una forma muy sencilla:
Marcaremos el país en el que vamos a realizar el examen, la región y la provincia.
Tened en cuenta que podéis realizar el examen en cualquier parte del territorio nacional e incluso en el extranjero, independientemente del lugar en el que estéis residiendo.
Al pulsar en convocatoria se nos abrirá un desplegable con las diferentes opciones y fechas: CCSE y DELE y marcaremos según sea nuestro caso.
Recordad que el nivel de DELE debe ser de A2, por lo tanto, no marquéis otra casilla diferente.
Una vez elegimos modalidad y fecha, se mostrará los lugares en los que podemos realizar el examen y si hay plazas disponibles o no.
Siempre buscaremos el mensaje “Plazas Disponibles” y, una vez elegido el centro de entre las posibles, marcaremos el botón “Inscribirse”.
En la siguiente pantalla confirmaremos todos nuestros datos y pulsaremos “Enviar”, redirigiéndonos al último paso, el pago.
Pulsaremos “Terminar y pagar” y finalmente recibiremos un correo electrónico de confirmación y se nos dará acceso al temario para que podamos preparar nuestro examen.
No olvidéis acudir a vuestro examen con vuestra TIE, pasaporte, justificante de pago y la hoja que acredita que nos encontramos matriculados para ese día y hora.
Con respecto a los resultados, el Instituto Cervantes tarda unos 15 días en notificarnos el resultado de la prueba, sin embargo, el examen DELE suele ser notificado en el plazo de un mes desde su realización.
Por último, debéis tener en cuenta que el resultado del examen CCSE tiene una vigencia de 4 años, de forma que si pasados los 4 años aún no habéis solicitado nacionalidad española por residencia y queréis iniciar el trámite, deberéis realizar el examen nuevamente.
Por el contrario, el resultado del examen DELE no caduca nunca, de forma que solo será necesario realizarlo una única vez en la vida.
El 26 de diciembre de 2008 entró en vigor en España la Ley 52/2007, la Ley de Memoria Histórica, una ley creada para reparar el daño causado al mas de medio millón de españoles que, durante el franquismo y la guerra civil española, tuvieron que abandonar territorio español perdiendo así su nacionalidad española.
La disposición adicional séptima de esta ley permitía a todos los hijos y nietos de españoles que habían emigrado de España entre los años 1936 y 1955 a solicitar la nacionalidad española directamente ante el consulado, sin necesidad de residir en España.
Gracias a esta ley, mas de 90.000 persona de toda América latina, consiguieron hacer valer su derecho de sangre nacionalizándose españoles.
Sin embargo, como todo, esta ley duró lo que duró, y tres años después de su promulgación (pues en principio eran dos años pero se amplió uno mas), a finales de 2011, el plazo para solicitar dicha nacionalidad española terminó.
Apenas un 40% de los que se encontraban en condiciones de solicitar el pasaporte español lograron hacerlo, bien por desconocimiento, bien por dificultades sobrevenidas, pues no era sencillo conseguir toda la documentación requerida por los consulados…
Por ello, desde 2011 los mas de 600.000 latinoamericanos que siguen siendo descendientes de aquellos que emigraron reclaman una nueva oportunidad de nacionalizarse españoles.
Las idas y venidas políticas en el panorama español han venido retrasando esta posibilidad, pero, finalmente, el 15 de septiembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la mal llamada “Nueva Ley de Nietos”.
Entre el articulado de este anteproyecto de ley figura la posibilidad de que los hijos y nietos de los españoles emigrados durante la guerra Civil española y el franquismo, así como los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, puedan solicitar la nacionalidad española.
La ventaja principal es que podrá solicitarse la nacionalidad española directamente desde el consulado español de su país de origen o donde tenga establecida residencia legal sin necesidad de residir legalmente en España durante el plazo de un año.
El Anteproyecto de la Ley de memoria Democrática viene a establecer un plazo de 2 años desde la aprobación de la Ley para solicitar la nacionalidad española.
Es importante que tengamos en cuenta que se trata de un Anteproyecto de Ley, de forma que aun se encuentra en una fase muy embrionaria, no pudiendo establecer a priori una fecha aproximada de aprobación, ni tampoco los supuestos concretos que va a recoger, debiendo pasar aún a la fase del Congreso, del Senado y nuevamente al Congreso hasta que la misma pueda ver la luz.
